Hay una pregunta que los gigantes tecnológicos prefieren no formular en voz alta: ¿De quién es el conocimiento con el que entrenaron sus máquinas? Bernie Sanders –el senador demócrata que el establishment estadounidense lleva décadas intentando archivar como reliquia excéntrica– tuvo la temeridad de formularla y dirigirla hacia los gigantes de IA en Silicon Valley. ¿Por qué sus ganancias pertenecen a un puñado de multimillonarios?
La pregunta no es retórica. El pasado 3 de junio, Sanders anunció su intención de introducir el American AI Sovereign Wealth Fund Act: una legislación que impondría un impuesto único del 50% sobre las acciones de las principales compañías de IA, incluyendo OpenAI, Anthropic y xAI, depositando esa participación en un fondo público soberano. No es caridad; es una restitución.
El argumento filosófico que sostiene la propuesta tiene una contundencia difícil de esquivar: los sistemas de inteligencia artificial fueron entrenados con libros, canciones, artículos de prensa, código de programación, investigaciones científicas, conversaciones e imágenes producidas por millones de personas a lo largo de generaciones, sin que se les pidiera permiso ni se les compensara por ello. El conocimiento humano acumulado –esa herencia invisible que ninguna civilización firmó en un contrato– fue el combustible de una revolución industrial cuyas ganancias se concentraron en manos que nunca escribieron un verso, una fórmula ni una línea de código original.
El propio Sam Altman, arquitecto de OpenAI, ha reconocido que sus modelos se construyeron sobre la «experiencia colectiva, el conocimiento y el aprendizaje de la humanidad». Esa confesión es el núcleo de la tesis de Sanders: si el producto es colectivo, la propiedad también debería serlo. El razonamiento no es marxismo de manual, sino, en el fondo, tan antiguo como la noción misma del bien común y del contrato social.
Sanders recurrió al ejemplo de Noruega, cuyo fondo de pensiones estatal, nutrido durante décadas por los ingresos del petróleo, se convirtió en el más grande del mundo. Ahora bien, la analogía tiene sus límites: si el subsuelo podía pertenecer a una nación, ¿por qué no el sedimento cultural de su civilización? La diferencia incómoda es que el petróleo estaba bajo tierra, ajeno e indiferente. Este otro recurso estaba en las bibliotecas, en los foros de internet, diarios personales.
El contexto material que rodea la propuesta es, entre otras, urgente. En 2026, los despidos del sector tecnológico superaron los 142.000, con empresas como Meta citando explícitamente la inversión en IA como razón para reducir sus plantillas en un 10 %. Mientras tanto, el empleo de desarrolladores jóvenes, entre 22 y 25 años, cayó un 20 % desde su pico en 2024.
Sanders no está profetizando un apocalipsis futuro, sino describiendo una transformación que ya ocurrió, que ocurre, y que seguirá ocurriendo.
Las objeciones existen y no son triviales. Desde el liberalismo económico se argumenta que Sanders malentiende la dinámica de la innovación, que la participación estatal en empresas tecnológicas frenaría el desarrollo y que los beneficios de la IA ya alcanzan a la clase media por medio de fondos de pensiones y portafolios de inversión. Pero lo más interesante de la propuesta del senador no es su viabilidad legislativa –en un Congreso estadounidense fragmentado, es casi nula– sino el hecho de que la pregunta ya no puede archivarse.
Cuando una tecnología se construye sobre el legado intelectual –y cultural– de una civilización y las ganancias fluyen sin fricción hacia quienes tuvieron el capital para construirlas, algo en el contrato social implícito se ha roto. Sanders puede no tener la respuesta correcta, pero tiene la pregunta correcta y con una precisión que muchos prefieren ignorar.
