Desde el 7 de agosto, la transformación del sistema de medios públicos colombianos abre una discusión que va mucho más allá del cambio de nombre de RTVC a Inravisión: la administración de Abelardo de la Espriella anunció una profunda reorganización de la estructura heredada del gobierno de Gustavo Petro, que involucró el desmonte de la franja informativa y de opinión, además la revisión de más de un millar de contratos y la suspensión temporal de la programación regional de las 20 Emisoras de Paz.
El Gobierno actual justificó la intervención con argumentos financieros y editoriales. Según los hallazgos preliminares divulgados por el Ministerio TIC, había más de 1.051 contratos vigentes suscritos durante los primeros meses de 2026, con compromisos superiores a los 100.000 millones de pesos. Entre ellos, 87 contratos por aproximadamente 4.000 millones de pesos fueron firmados entre el 6 y el 7 de agosto, en las últimas horas de la administración anterior. Uno de los asuntos más delicados corresponde a un convenio de 10.000 millones de pesos suscrito con el Ministerio de Educación. De acuerdo con la información presentada por la nueva administración, 6.362 millones habrían sido destinados al pago de servicios de «pauta y contenido digital». Los contratistas señalados son 3D MOBILE 3DM SAS y PROWESS SAS. El Gobierno sostiene que estos recursos fueron utilizados durante los meses de campaña y transición presidencial.
La denuncia debe ser investigada por los organismos competentes, aun así, de ser confirmadas estas irregularidades en la contratación anterior, queda abierta una pregunta distinta: ¿qué debe hacerse con un sistema de medios públicos cuando su administración ha sido cuestionada por su eventual utilización política? La respuesta del Gobierno fue drástica: el 15 de agosto, la ministra TIC, Alexandra Falla, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, anunciaron una reorganización que terminó con la franja informativa y de opinión de los canales y emisoras públicas. Esta medida parece más un afán por encontrar cualquier sombra del gobierno pasado, que por construir una oferta de contenidos de calidad que no olviden la pluralidad, ni sepulte los procesos que estaban siendo exitosos por encima del discurso político.
Desmontar la propaganda no debe acabar con el periodismo
Estimular el desarrollo del periodismo descentralizado, en un país con la historia nuestra, es una apuesta cara y necesaria. De hecho, la experiencia reciente de RTVC puede y debe ser examinada minuciosamente, porque el sistema, durante la presidencia pasada, amplió su operación informativa, con espacios como RTVC Noticias y El Calentao. Digamos que no todos son contenidos dentro de la ortodoxia periodística, pero esa era parte de su riqueza: abrir espacios donde las pluralidades tuvieran cabida informativa.
La propia auditoría posterior señaló que la operación periodística llegó a extenderse entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. y absorbía una proporción considerable de los recursos destinados a producción, este es un argumento suficiente para que una eventual utilización partidista de los medios públicos no convierta automáticamente al periodismo público en algo prescindible. La alternativa a un medio estatal convertido en aparato de gobierno debería ser un medio público con reglas editoriales independientes, controles transparentes y mecanismos que impidan tanto la propaganda oficialista como la censura de la administración de turno. En todo este nuevo proceso, no debería olvidarse ese viejo proverbio: el trigo no se quema junto a la cizaña.
Acuerdo de Paz, arbitrariedad y regiones
Las 20 Emisoras de Paz fueron concebidas dentro del punto 6.5 del Acuerdo de Paz y están ubicadas en municipios afectados históricamente por el conflicto armado. Para 2026, la red estaba desplegada en territorios como Bojayá, Arauquita, El Tambo, Puerto Leguízamo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca, San Jacinto y Florida, en el Valle del Cauca. Su propósito no era simplemente retransmitir desde Bogotá, sino producir contenidos desde los territorios y dar espacio a comunidades, víctimas, organizaciones sociales y firmantes de paz. La suspensión de su programación regional constituye, por eso, uno de los puntos más sensibles de la reforma: las 20 emisoras de paz y otras 11 emisoras descentralizadas fueron conectadas nuevamente —de manera arbitraria e informal— a una programación centralizada y musical. Decimos que es informal, porque la decisión habría sido comunicada a periodistas territoriales mediante mensajes de WhatsApp, en lugar de un acto administrativo público.
El Gobierno ha presentado la medida como transitoria y vinculada a una reorganización administrativa y editorial. La gerencia de Inravisión argumentó que era necesario revisar los formatos para garantizar independencia y equilibrio antes de reactivar los contenidos locales. La FLIP, sin embargo, cuestionó la decisión. La organización para la libertad de prensa advirtió que apagar las transmisiones locales restringe el acceso a información de interés público para más de 463.000 personas en zonas rurales, muchas de ellas dependientes de la radio pública como uno de sus principales vínculos informativos. También sostuvo que la centralización de las señales no constituye un mecanismo necesario para auditar contratos o revisar contenidos.
El caso de Florida, Valle del Cauca
La emisora de paz de ese municipio, ubicada en el 92.0 FM, comenzó a operar en 2021. Reconocida porque su trabajo ha estado relacionado con contenidos sobre gastronomía, sostenibilidad, turismo comunitario y saberes de comunidades afrodescendientes e indígenas. La calidad de los contenidos de la emisora fue respaldado en 2025, cuando su equipo periodístico obtuvo el primer lugar en la categoría de Trabajo Periodístico en Promoción Turística del IV Premio Vallecaucano de Periodismo Gerardo Bedoya Borrero. Es decir, la regulación o suspensión de estas emisoras no puede reducirse fácilmente a la oposición entre “propaganda” y “despolitización”: en los territorios, la radio pública también cumple funciones de memoria, información comunitaria, promoción cultural y construcción de ciudadanía. Todas estas son búsquedas que van más allá de cualquier orientación política del ejecutivo de turno.
Una declaración atribuida a Jessica Molano, coordinadora de la emisora de El Tambo, resume la tensión. Frente a las acusaciones de propaganda, afirmó: “No somos un medio de propaganda. Aquí también hemos denunciado lo malo de la implementación del Acuerdo. Hemos dicho que a los campesinos y a los firmantes de paz no se les ha cumplido”.
La discusión llegó a un punto especialmente sensible durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Según periodistas regionales, propusieron cubrir las necesidades de comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas en Cauca y Valle del Cauca. En una reunión de pauta, el funcionario Diego Fajardo habría respondido: “Indígenas no, porque politizan la información”. La afirmación fue atribuida a un reporte de la FLIP. De comprobarse esa instrucción, el asunto dejaría de ser exclusivamente una discusión sobre reorganización administrativa.
En una emergencia, excluir a una población de la cobertura periodística por considerar que su voz “politiza” la información plantearía un problema serio sobre pluralidad, derecho a la información y función social de los medios públicos, descontando el sesgo racista del funcionario. La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la suspensión de las Emisoras de Paz. Según el informe, el organismo recordó que estas estaciones tienen una “naturaleza especial” y un mandato diferencial, territorial e informativo asociado al Acuerdo Final de Paz.
Dos discusiones necesarias y diferentes
La primera es la responsabilidad del gobierno anterior frente a las denuncias de contratación irregular, eventual utilización política de los medios públicos y posible desviación de recursos. Esas denuncias requieren investigación y, si corresponde, sanción.
La segunda es la responsabilidad del Gobierno actual frente al derecho de los ciudadanos a recibir información pública plural, especialmente en regiones donde la radio estatal cumple funciones que difícilmente pueden sustituirse con una programación nacional producida desde Bogotá. Considerar que la única manera de percibir el país se encuentra en Bogotá, es un atentado en contra de lo que el mismo De la Espriella denuncia sobre el centralismo de la capital. En este caso es mucho más delicado, si tenemos en cuenta que se está privando a miles de comunidades rurales comunicar sus realidades y proponer de manera activa en la construcción de país.
En 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia ya vivió una transformación traumática de su sistema de medios públicos: Inravisión fue liquidada mediante los decretos 3525 y 3550; en ese momento la decisión estuvo sustentada oficialmente en razones de viabilidad financiera y en el elevado pasivo pensional de la entidad —más de dos décadas después, el nombre vuelve, pero el desafío es diferente—. El problema de fondo no debería ser si los medios públicos pertenecen políticamente a la izquierda o a la derecha, precisamente porque ambos gobiernos pueden intentar apropiárselos: el sistema necesita reglas que sobrevivan a los gobiernos.
Un medio público democrático no puede ser una oficina de propaganda del presidente, tampoco puede convertirse en una institución que, en nombre de combatir la propaganda, renuncie al periodismo, silencie las regiones o reduzca la diversidad territorial a una programación producida desde la capital. La discusión sobre Inravisión debería conducir, por tanto, a una pregunta menos coyuntural, pero más profunda: ¿qué clase de medios públicos quiere Colombia? La respuesta no debería depender de quién ocupe la Casa de Nariño, o el Palacio de San Carlos. Debería estar en la independencia editorial, la transparencia contractual, la descentralización, el control ciudadano y el derecho de las comunidades a contar sus propias historias. En estos momentos deberíamos aclarar algunos propósitos de las estructuras del Gobierno y en términos de comunicación, un medio público no existe para que el Estado hable. Existe para que la sociedad pueda mencionarse y escucharse a sí misma.
No sabemos qué pasará en nuestro país en los próximos cuatro años, pero si cada gobierno que llega al poder encuentra en los medios públicos un botín que debe conquistar, destruir o refundar, el problema no será solamente RTVC ni Inravisión, será que Colombia todavía no ha conseguido construir unos medios públicos que pertenezcan, realmente a sus ciudadanos.
