El sábado, 11 de julio de 2026, la cancha de la Antigua Bellavista, en Bojayá, fue escenario de un acto público de desagravio encabezado por representantes del Gobierno Nacional y miembros de esta comunidad chocoana y de Vigía del Fuerte. La jornada hizo parte del cumplimiento de la Sentencia 45 de 2019 del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se ordenó al Estado reconocer su responsabilidad por las omisiones que antecedieron a la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en esta población, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano.
Durante la ceremonia, la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime, destacó el significado del acto para las víctimas y los sobrevivientes: «Que el Estado colombiano esté en Bojayá hoy pidiendo excusas y reconociendo la responsabilidad por no haber protegido a la población hace 24 años es un acto que dignifica la memoria de las personas que fueron asesinadas, pero sobre todo de las personas que sobrevivieron».
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció las fallas institucionales que impidieron proteger a la población civil. «Yo, como ministro de Defensa, en nombre de la Nación, del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos ante este acto demencial de los dos grupos armados, la guerrilla de las Farc y las AUC», afirmó.
El ministro agregó que, aunque el Estado no fue el autor directo de la masacre, su falta de respuesta frente a las alertas tempranas constituyó un incumplimiento de su deber constitucional de proteger la vida de los habitantes del territorio.
Declaratoria de bienes de Interés Cultural
Como parte de las medidas de reparación simbólica, el Gobierno declaró al Cristo Mutilado y al Inmaculado Corazón de María, objetos conservados por la comunidad, como Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional. Recuperadas de las ruinas del antiguo templo de Bojayá, ambas imágenes se han convertido en símbolos de resistencia, memoria y esperanza para las comunidades, trascendiendo su dimensión religiosa para consolidarse como referentes de la memoria colectiva.
En el componente cultural de la reparación, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes confirmó una inversión superior a los $1.524 millones entre 2023 y 2026, destinada a fortalecer procesos de memoria, formación artística y desarrollo comunitario. Entre las iniciativas financiadas sobresalen el programa Artes para la Paz, que durante 2025 brindó formación a 1.195 niños y jóvenes con una inversión superior a $282 millones, y el fortalecimiento del Centro Musical Batuta Bojayá, que contó con 140 cupos y una inversión superior a $325 millones entre 2023 y 2024.
Estas acciones hacen parte de una estrategia coordinada mediante una Secretaría Técnica Colegiada integrada por quince entidades, encargada de impulsar proyectos como la Escuela Museo de la Memoria y el Sendero Ecológico.
La articulación institucional busca consolidar espacios dedicados a la preservación de la memoria, la reparación cultural y las garantías de no repetición en la región del Bajo y Medio Atrato. El acto de reconocimiento constituye un avance dentro del proceso de reparación ordenado por la justicia colombiana y responde a una demanda histórica de las comunidades afectadas.
No obstante, el alcance de estas medidas dependerá de la continuidad de las acciones estatales y del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos con las víctimas. Más allá de su dimensión simbólica, el desafío consiste en transformar estos reconocimientos en políticas públicas sostenidas que fortalezcan la memoria colectiva, garanticen los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y contribuyan a que hechos como la masacre de Bojayá no vuelvan a repetirse.
